Por Raúl Germán Bautista.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) presentó esta semana una querella formal contra la empresa Dekolor, S.R.L. La acusación señala que la compañía ofreció un soborno de un millón de dólares para influir en decisiones relacionadas con la renovación de un contrato estatal.
En el documento legal, se establece que Rogelio Ramón Oruña Aguilar, presidente de Dekolor, aseguró tener una supuesta relación con la Contraloría General de la República. Su intención habría sido utilizar ese supuesto vínculo como presión para que el contrato con su empresa fuera renovado.
“En un intento de persuadir al director, Oruña aludió a su supuesta relación cercana con un asesor (Fulvio Ignacio de Jesús Rodríguez) del contralor general de la República, sugiriendo que podría utilizar su influencia institucional para que las cosas ‘salieran a su favor’. La afirmación fue interpretada por el director como un intento de atribuir respaldo oficial a una relación contractual objetivamente irregular, y fue percibida como una señal clara de que se estaba configurando un entorno de presión creciente. Morrison respondió con firmeza, dejándole claro a Oruña que estaba totalmente determinado a no firmar ninguna adenda, y que el único camino posible era avanzar hacia un proceso competitivo abierto y legal”, añade la querella.
EL CASO FUE NOTIFICADO A CONTRATACIONES PÚBLICAS:
Tras este episodio, el director del INTRANT, Milton Morrison, se reunió con Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, para informarle formalmente sobre lo ocurrido.
En ese encuentro, Morrison reiteró que no firmaría ninguna adenda al contrato con Dekolor y que reafirmaba su compromiso con la legalidad del proceso y con la transparencia institucional.
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