SANTO DOMINGO. – La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este jueves, a partir de las 2:00 de la tarde, la medida de coerción contra los 10 imputados en la presunta red que habría sustraído 15 mil millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), caso identificado por el Ministerio Público como “Operación Cobra”.
La audiencia estaba fijada para el pasado martes, pero el juez Rigoberto Sena la aplazó para permitir que los abogados de los implicados preparen sus argumentos de defensa, mientras los detenidos permanecen recluidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los encartados son el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim; Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Eduardo Read Estrella, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Heidi Mariella Pineda Perdomo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speaker Mateo.
El Ministerio Público les atribuye asociación de malhechores, sobornos, falsificación de documentos, adulteración de estados financieros, estafa, lavado de activos y desfalco, delitos que presuntamente eran ejecutados desde la propia estructura del seguro estatal.
En medio del avance judicial, el martes la coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, calificó este caso como “una herida abierta en lo más profundo del pueblo dominicano”, al considerar que la corrupción en el sector salud afecta directamente el acceso a medicamentos, diagnósticos y servicios oportunos.
Blanco se refirió al entramado durante la entrega del Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción 2025 a la periodista Edith Febles, donde afirmó que la lucha contra estas prácticas “no es técnica, es profundamente humana”.
Mientras tanto, el expediente del Ministerio Público recoge elementos sobre el patrimonio de algunos de los acusados, entre ellos la adquisición de un pent-house valorado en RD$44,696,580.51, que, según la acusación, era utilizado por el imputado Germán Rafael Robles Quiñones sin pagar alquiler, mediante un entramado de contratos simulados.
El documento indica que el inmueble, ubicado en un sector exclusivo de la capital y con 579.75 metros cuadrados, fue saldado mediante transferencias que ascendieron a más de 790 mil dólares, sin que la empresa propietaria recibiera beneficios reales por la supuesta inversión.
EL CASO
El expediente del Ministerio Público indica que la investigación comenzó a raíz de una serie de hallazgos remitidos por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sosalril) y el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que detectaron conductas irregulares en diversas áreas de SeNaSa.
A partir de estas alertas, las autoridades iniciaron la recolección de evidencias y tras varias diligencias investigativas, el pasado fin de semana se ejecutaron 12 allanamientos simultáneos que culminaron con el arresto de las personas que hasta ahora han sido señaladas como parte de una presunta red que habría operado desde la Dirección Ejecutiva de SeNaSa. Entre los detenidos figura el exdirector, Santiago Hazim, quien fue interrogado por más de cuatro horas antes de quedar bajo arresto.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado delictivo se formalizó tras la designación de Hazim como director ejecutivo mediante el Decreto 377-20, en agosto de 2020. A partir de entonces, sostiene el expediente, se estructuró un círculo de colaboradores que habría diseñado maniobras fraudulentas prolongadas en el tiempo, incluyendo recepción de sobornos, manipulación de cuentas bancarias, creación de programas sin sustento legal y adulteración de estados financieros.
La noche del lunes, dentro del plazo legal de 48 horas, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción, en la que pide 18 meses de prisión preventiva para los implicados y que el caso sea declarado complejo, argumentando la existencia de un daño significativo al patrimonio público y a la sostenibilidad de los fondos destinados a la atención médica de la población vulnerable.
Entre las evidencias presentadas se encuentran supuestos actos de corrupción que, según la procuradora Yeni Berenice Reynoso, representan “una agresión directa al derecho constitucional a la salud”, por tratarse de recursos destinados al sistema de seguridad social.
El expediente también describe operaciones patrimoniales consideradas irregulares por el Ministerio Público, como la adquisición de un pent-house de lujo utilizado por uno de los imputados sin contraprestación comprobable, así como transacciones inmobiliarias financiadas mediante transferencias que no se correspondían con la supuesta relación de alquiler presentada en los documentos.
Mientras avanzan las diligencias, algunos abogados han ofrecido declaraciones públicas. La defensa del empresario Eduardo Read asegura haber entregado más de 1,250 documentos para colaborar con la investigación, mientras que el abogado del exdirector Hazim afirmó que su cliente “no tiene nada que ocultar” y que confía en desmontar las acusaciones.
Este miércoles, la procuradora negó que algunos de los implicados en el caso SeNaSa hayan negociado la devolución de miles de millones de pesos, como ha circulado en algunas plataformas digitales. Asimismo, adelantó que habrá una segunda parte de dicho caso, por lo que se espera que en lo adelante ocurran más allanamientos y apresamientos.
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