La corrupción en la República Dominicana no es un fenómeno aislado ni el resultado de desviaciones individuales. Es un entramado sistémico, profundamente arraigado en las estructuras de poder político, judicial, económico e institucional, sostenido tanto por la complicidad activa de unos como por la inacción deliberada de otros.
No se trata únicamente de funcionarios que roban, sino de un ecosistema completo que permite, normaliza y protege el saqueo de los recursos públicos. Un modelo en el que delinquir desde el Estado no solo es posible, sino rentable.
Durante décadas, sectores clave del poder han coexistido en una relación funcional, el poder político garantiza impunidad, el poder económico financia y se beneficia, y los órganos de control, llamados a prevenir y sancionar, miran hacia otro lado. En ese contexto, la corrupción se convierte en moneda de intercambio y en mecanismo de reproducción del poder.
Ante esta realidad, surgen preguntas incómodas pero necesarias; ¿dónde estaban y dónde están, los órganos de control de la administración pública? ¿Cómo fallaron los sistemas de supervisión financiera, las unidades de integridad, Compras y Contrataciones, la Cámara de Cuentas y las alertas del sistema bancario frente a la movilización de sumas millonarias incompatibles con los ingresos declarados de muchos funcionarios?
La ausencia de respuestas claras solo fortalece la percepción de una complicidad estructural. Porque los responsables de la corrupción no son únicamente quienes firmaron contratos fraudulentos o desviaron fondos. También lo son quienes autorizaron, encubrieron o, teniendo la obligación legal y moral de actuar, optaron por el silencio. La corrupción prospera tanto por la acción directa como por la omisión calculada. Callar, en estos casos, no es neutralidad, es participación pasiva.
La Republica Dominicana, necesita un debate serio sobre las sanciones. No bastan condenas simbólicas ni acuerdos judiciales que permiten conservar fortunas ilícitas. Quien sea condenado por corrupción debe enfrentar consecuencias reales, inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, prohibición de participar en actividades político-partidarias y el despojo total de los bienes sustraídos al Estado. La corrupción debe dejar de ser un delito de bajo riesgo y alta recompensa.
Sin embargo, el problema no se limita al Estado. La corrupción también es un fenómeno cultural, arraigado en el tejido social y reproducido desde el primer núcleo de la sociedad, la familia. Cuando alguien introduce a su hogar recursos de origen injustificable y eso es celebrado como “viveza” o “éxito”, se legitima una lógica perversa que normaliza el robo y desacredita la honestidad. Así se consolida una doble moral que justifica la corrupción tanto en lo privado como en lo público.
En este contexto, quien ejerce una función pública y no “coge lo suyo” suele ser visto como ingenuo, mientras que quien exhibe riqueza sin explicación es admirado y socialmente validado. Esta distorsión de valores erosiona la ética colectiva y alimenta la reproducción constante del problema.
Resulta entonces imprescindible revisar los criterios mediante los cuales se accede a la función pública. ¿Se evalúan realmente la integridad, la transparencia y las competencias de quienes son designados? ¿O siguen prevaleciendo la lealtad política, los compromisos económicos y el clientelismo? Mientras estas prácticas no cambien, la corrupción seguirá reciclando a sus protagonistas bajo nuevas siglas y discursos renovados.
Combatir la corrupción exige mucho más que retórica y expedientes judiciales. Requiere una ruptura cultural, institucional y moral. Sin ella, cualquier promesa de transparencia será apenas una pieza más del engranaje que ha mantenido al país atrapado en la impunidad. Aunque la responsabilidad penal es estrictamente personal, existe una responsabilidad política y social.
Los partidos no son simples plataformas electorales; deberían ser, instrumentos democráticos al servicio del interés general. Les corresponde ejercer un control ético riguroso sobre quienes postulan, designan y sostienen en cargos públicos.
Cuando una organización política permite que personas sin integridad o con antecedentes cuestionables representen a la ciudadanía, no solo falla en su función, sino que traiciona su compromiso social. El acceso al poder no puede seguir siendo el resultado de pactos internos, financiamientos opacos o lealtades coyunturales, sino de procesos transparentes que privilegien la idoneidad y la vocación de servicio.
En ese sentido, la llamada “muerte civil” para los condenados por corrupción no debe verse como una medida extrema, sino como una herramienta de saneamiento democrático. Quien ha traicionado la confianza pública no puede volver a administrar recursos del Estado ni volver a hacer negocios con el Estado y mucho menos ejercer liderazgo político.
Nada de esto será posible sin una ciudadanía consciente, vigilante y activa. La lucha contra la corrupción no puede seguir delegándose únicamente en fiscales y jueces. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de rechazar la normalización del robo, dejar de admirar el enriquecimiento ilícito y exigir coherencia ética a quienes aspiran a gobernar. El silencio social y la indiferencia también son formas de complicidad.
La República Dominicana solo podrá desmontar este entramado cuando deje de premiar al corrupto con aplausos y al ladrón con votos. Recuperar el valor de lo público es una tarea colectiva. Sin ese compromiso ciudadano, la corrupción seguirá mutando. Con él, será posible reconstruir la dignidad institucional y moral que el país reclama con urgencia.
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