Por Raúl Germán Bautista.- El uso de datos personales, imágenes y videos de terceros sin autorización se ha convertido en uno de los principales desafíos de la convivencia digital, especialmente cuando los involucrados son menores de edad dentro del sistema educativo.
En República Dominicana, esta problemática adquiere una nueva dimensión con la entrada en discusión de medidas de protección vinculadas al ciberacoso, la violencia digital y el manejo de información personal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
La Orden Departamental 011-2026, presentada por el Ministerio de Educación (Minerd) a finales de mayo de este año, incorpora disposiciones para enfrentar situaciones de exposición digital, grabaciones no autorizadas y difusión de contenido en los centros educativos.
Sin embargo, pese a la existencia de esta normativa, no queda claro cómo es que continúan circulando imágenes y videos de situaciones ocurridas en escuelas, en los que aparecen menores de edad, rostros identificables y datos sobre los centros donde sucedieron los hechos.
El escenario plantea una pregunta central: cuando una imagen o video de un estudiante es difundido sin autorización, ¿quién debe asumir la responsabilidad, quien protagoniza el hecho, quien graba, quien publica o quienes amplifican el contenido?
UNA NORMA FRENTE AL CRECIMIENTO DE LA VIOLENCIA DIGITAL
Según el Ministerio de Educación, la disposición establece lineamientos para prevenir y atender situaciones de hostigamiento, intimidación, humillación digital, difusión de contenido ofensivo y otras formas de violencia tecnológica que afectan la convivencia escolar y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes.
La normativa también prohíbe grabar, fotografiar o difundir imágenes, videos y audios de estudiantes, docentes o personal administrativo sin el consentimiento correspondiente, como parte de las medidas de protección de datos y resguardo de la integridad de la comunidad educativa.
“La medida responde a una creciente preocupación internacional sobre el impacto de la hiperconectividad, la exposición digital y las dinámicas de violencia en línea sobre el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar”, detalla un documento oficial del Minerd.
El organismo explica que la tecnología debe funcionar como una herramienta para ampliar capacidades, fortalecer aprendizajes y conectar oportunidades, no como un mecanismo que deteriore la convivencia ni afecte el bienestar emocional de los estudiantes.
EL RETO DE PROTEGER DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN
Aunque la nueva disposición busca corregir prácticas que han generado daños en el pasado, la realidad muestra que cientos de contenidos relacionados con menores de edad ya han sido difundidos a través de distintos canales y redes sociales.
La publicación de una imagen, un video o un dato personal puede marcar un impacto negativo en la vida de un estudiante, debido al alcance y permanencia que tienen los contenidos dentro del entorno digital.
Por esta razón, la medida representa un intento de elevar los niveles de seguridad y ciberseguridad en los centros educativos, aunque su aplicación dependerá de la capacidad institucional para responder ante los nuevos escenarios.
MÁS ALLÁ DE PROHIBIR TELÉFONOS Y CONTROLAR DISPOSITIVOS
El desafío principal no está únicamente en restringir el uso de celulares o dispositivos electrónicos dentro de las escuelas.
La complejidad aparece cuando ocurren situaciones como un estudiante que graba a otro sin autorización, una pelea escolar que termina publicada en redes sociales, una fotografía de un menor que circula por aplicaciones de mensajería o un caso de ciberacoso que requiere intervención institucional.
También surgen interrogantes sobre cómo actuar cuando un docente necesita utilizar tecnología con fines pedagógicos, cuando un estudiante emplea un dispositivo para actividades académicas o cuando un centro educativo debe investigar una agresión digital.
El debate lleva a una pregunta fundamental: ¿tienen las escuelas los recursos, protocolos, capacitación y mecanismos de supervisión necesarios para aplicar estas medidas sin convertir la convivencia digital en una política basada únicamente en prohibiciones?
ESCUELAS DEBERÁN CREAR PROTOCOLOS INTERNOS
La Orden Departamental establece que cada centro educativo deberá desarrollar protocolos internos sobre convivencia digital, prevención de violencia tecnológica y uso responsable de dispositivos móviles.
Estos mecanismos deberán integrarse a los manuales de convivencia escolar y elaborarse con la participación de docentes, familias y estudiantes.
En ese proceso, el papel de padres, madres y tutores será determinante para garantizar que las medidas no queden únicamente establecidas en documentos oficiales, sino que se conviertan en prácticas permanentes dentro y fuera de las aulas.
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