Por Rosa Batista, Santo Domingo.- La presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Ligia Pérez Peña, desmintió este martes que la institución realizara inspecciones periódicas en el centro “Restaurando Vida, un Muerto que Revive”, intervenido recientemente en Haina, San Cristóbal, donde fueron rescatados 13 menores.
“Quiero desmentir las declaraciones del abogado del señor que tenía ese lugar, de que Conani hacía inspecciones ahí. Eso es totalmente falso”, afirmó Pérez Peña, durante una entrevista en el programa El Día.
La funcionaria explicó que el establecimiento no contaba con la habilitación requerida para funcionar como un espacio destinado al cuidado permanente de niños, niñas y adolescentes, por lo que tampoco podía estar sujeto a los mecanismos regulares de supervisión de la institución.
Diez menores permanecen bajo protección
Pérez Peña informó que, tras el operativo, cuatro de los 4 menores fueron entregados a sus madres, quienes se encontraban en el lugar, mientras que los otros permanecen bajo protección del Conani.
La presidenta de entidad informó también que los menores bajo protección, están siendo sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas para determinar sus condiciones físicas y emocionales, así como las circunstancias en las que llegaron al establecimiento.
Aclaró que todavía no es posible confirmar las denuncias de presunto maltrato, debido a que la investigación se encuentra en una etapa inicial. No obstante, indicó que el menor que escapó presentaba lesiones visibles, entre ellas quemaduras en las manos, lesiones que deberán investigarse las causas.
Centro ya había sido intervenido en 2025
Pérez Peña reveló que en septiembre de 2025 la oficina de Conani en Haina ya había detectado la presencia de menores en el establecimiento y coordinó una intervención con las autoridades judiciales.
En aquella ocasión, los niños fueron entregados a sus familiares y el Ministerio Público advirtió al responsable del lugar que no podía mantener menores bajo su cuidado sin la debida autorización.
“Eran niños que sus familias habían entregado voluntariamente, y se les dio seguimiento para que no volvieran a mandar a los niños”, sostuvo Pérez Peña.
La nueva intervención se produjo luego de que un menor de 12 años escapara del lugar y acudiera a una unidad policial en busca de ayuda.
Su denuncia dio paso a una investigación por presunto maltrato infantil, explotación laboral y eventual trata de personas, de acuerdo con las informaciones del Ministerio de Interior y Policía.
Durante sus declaraciones, la ministra Faride Raful explicó que la investigación tomó fuerza luego de que un niño de 12 años escapara del lugar donde permanecía y diera la voz de alerta sobre la presencia de otros menores.
“De acuerdo a las informaciones preliminares, un menor de edad se escapó del lugar donde estaba siendo retenido y manifestó que en este lugar era mantenido junto con otros niños bajo el control de un hombre que se conoce únicamente como el pastor o el capellán”, explicó la funcionaria.
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