SANTO DOMINGO.- El Ministerio PĆŗblico busca que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoque las sentencias absolutorias y aumente las penas a los condenados en el proceso por corrupción administrativa seguido contra Juan Alexis Medina SĆ”nchez y otros procesados por un presunto entramado que habrĆa distraĆdo mĆ”s de RD$5,000 millones del erario.
La procuradora de corte y titular de la ProcuradurĆa Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que el órgano acusador procura sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos establecidos durante el proceso.
“Buscamos las condenas de aquellos que fueron absueltos y el aumento de las penas para aquellos que fueron condenados”, afirmó Ortiz, quien consideró insuficientes las sanciones dictadas en primera instancia, ante el impacto social atribuido a los hechos.
AUDIENCIA FUE SUSPENDIDA
Ortiz, quien participa en el proceso junto al director general de Persecución, Wilson Camacho, y los fiscales Ernesto GuzmÔn Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy GonzÔlez, informó que la audiencia prevista para este martes fue suspendida luego de que uno de los imputados presentara una licencia médica.
La nueva audiencia fue fijada para el martes 15 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la maƱana. Los jueces Doris Pujols Ortiz, Rafael BƔez e Indhira MontƔs Pimentel dispusieron que las vistas se celebren los martes, de 10:00 de la maƱana a 4:30 de la tarde.
Ortiz manifestó que el Ministerio Público estÔ preparado para responder los recursos y expresó su expectativa de que el proceso de apelación avance con rapidez, debido a que los hechos y las pruebas ya fueron examinados durante el juicio de primera instancia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Juan Alexis Medina SÔnchez, quien es hermano del expresidente de la Republica, Danilo Medina, a siete años de prisión, tras declararlo culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
TambiĆ©n fueron condenados JosĆ© Dolores Santana Carmona, a seis aƱos de prisión, y Wacal Vernabel MĆ©ndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos MartĆn Montes de Oca, Rigoberto AlcĆ”ntara Batista y Paola Mercedes, a cinco aƱos.
En virtud de un acuerdo con el Ministerio PĆŗblico, VĆctor MatĆas Encarnación Montero fue condenado a cinco aƱos de prisión, pena que fue suspendida bajo determinadas reglas de conducta, ademĆ”s del pago de una multa de RD$500,000 y las costas penales.
Asimismo, Medina SƔnchez, Santana Carmona, MƩndez Pineda, Mercedes y AlcƔntara Batista, junto con varias empresas, fueron condenados al pago de RD$500 millones al Estado dominicano.
MINISTERIO PĆBLICO SOSTIENE ACUSACIĆN
De acuerdo con la acusación, Medina SĆ”nchez habrĆa utilizado distintas empresas para obtener contratos pĆŗblicos en violación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones PĆŗblicas.
El expediente seƱala operaciones relacionadas con el Ministerio de Salud PĆŗblica, particularmente medicamentos de alto costo y equipamiento hospitalario; el Ministerio de Obras PĆŗblicas, mediante la adquisición de material asfĆ”ltico; la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), y la PolicĆa Nacional, especĆficamente en contratos de combustible por mĆ”s de RD$220 millones.
En este Ćŗltimo caso, el tribunal estableció irregularidades vinculadas a la empresa Fuel American, al determinar que no cumplĆa con requisitos bĆ”sicos para participar en el proceso de contratación. TambiĆ©n verificó afectaciones en diferentes estaciones de combustible de la PolicĆa Nacional por un monto superior a RD$32 millones.
Durante la lectura de la sentencia, las juezas calificaron de “asombrosas” las anomalĆas identificadas en las operaciones relacionadas con la PolicĆa Nacional.
El tribunal también estableció que se produjeron sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y rechazó los planteamientos para excluir pruebas presentadas por el Ministerio Público, al considerar que fueron obtenidas respetando el debido proceso.
En primera instancia también fueron absueltos varios de los acusados, entre ellos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar y Lina Ercilia de la Cruz Vargas, entre otros.
El recurso de apelación presentado por las partes busca ahora que la Corte de Apelación revise las decisiones adoptadas por el tribunal de primera instancia y determine si corresponde mantener, modificar o revocar las condenas y absoluciones dictadas.

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