SANTO DOMINGO.- La justicia de República Dominicana ha registrado avances importantes en materia de eficiencia, digitalización, transparencia e inclusión durante los últimos años, aunque todavía enfrenta desafíos relacionados con las desigualdades territoriales y económicas, así como con el acceso efectivo a sus servicios, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El documento, titulado “Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible”, destaca que la cantidad de asuntos resueltos por el Poder Judicial pasó de 452,869 en 2021 a más de 1.1 millones en 2025, mientras la tasa de resolución aumentó de 90.8 % a 98.4 % durante ese período.
Asimismo, el 87.8 % de los asuntos judiciales fueron resueltos dentro del plazo establecido, mientras que el tiempo promedio para la solución de los procesos se redujo de 95 a 75 días calendario entre 2021 y 2025.
AVANCES EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El PNUD resalta también los progresos alcanzados por el Poder Judicial en materia de transformación digital, proceso que cobró impulso a partir de la pandemia de COVID-19.
Para 2025, el 91.8 % de las gestiones en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa se realizaban en línea. Además, se habían contabilizado más de 3 millones de documentos firmados digitalmente y un 66 % de los documentos procesados electrónicamente.
Según el informe, estos avances contribuyen a reducir los costos de transacción y los tiempos de tramitación de los procesos judiciales.
En el ámbito territorial, nueve de los 11 departamentos judiciales mejoraron su capacidad de respuesta en materia laboral entre 2019 y 2025. El Departamento Judicial de Barahona registró el mayor incremento relativo, con un 56 %.
AVANCES EN ESTADO DE DERECHO
El estudio también destaca el desempeño de República Dominicana en el Índice de Estado de Derecho 2025, elaborado por el World Justice Project, en el que el país ocupó el puesto 76 entre 143 naciones.
República Dominicana avanzó diez posiciones respecto a la medición anterior, al pasar del lugar 86 al 76, y registró un aumento de 2.1 % en su puntuación general, situándose entre los países de la región con mayores avances relativos.
PERSISTEN BARRERAS PARA LOS USUARIOS
La investigación señala que seis de cada diez personas consultadas afirmaron no haber enfrentado obstáculos durante su proceso judicial. Sin embargo, 39 % de las 89 personas usuarias entrevistadas reportó algún tipo de dificultad o barrera.
Entre los principales problemas identificados figuran las demoras y tiempos excesivos, señalados por el 63 % de los consultados; los gastos legales o costos del proceso, con 46 %; la calidad de la atención, con 26 %, y la distancia o dificultades de traslado, también con 26 %.
JUSTICIA Y DESARROLLO ECONÓMICO
El PNUD establece además una relación directa entre el funcionamiento de la justicia y el desarrollo económico. Una justicia eficiente y predecible, señala, favorece la seguridad jurídica, protege los medios de vida, fortalece la confianza en las instituciones y contribuye a generar condiciones favorables para la inversión, el empleo y la productividad.
Como parte de sus recomendaciones, el informe plantea 11 rutas de acción para consolidar una justicia más cercana a las personas.
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